El Perú sigue los pasos de Estados Unidos en la protección de la salud pública. La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso (Codeco) aprobó la prohibición del colorante sintético rojo 3 o eritrosina, utilizado en productos alimenticios y farmacéuticos, tras evidencias que lo asocian con el desarrollo de cáncer en estudios experimentales. La decisión marca un precedente en la regulación de aditivos químicos en el país.
MEDIDA ENTRARÁ EN VIGOR EN 2027 Y 2028
Según lo aprobado por la Codeco, la prohibición del uso de eritrosina comenzará a aplicarse el 15 de enero de 2027 para alimentos y el 15 de enero de 2028 para medicamentos, otorgando un margen de tiempo a las industrias para adecuarse.
El dictamen se sustenta en los informes de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que prohibió el uso del colorante al confirmar su potencial efecto cancerígeno en ratas machos. En el Perú, productos como galletas, gelatinas y bebidas procesadas deberán reformularse para cumplir con la nueva norma.
La congresista Katy Ugarte, presidenta de la Comisión, destacó que la decisión se enmarca en el principio precautorio: “No podemos permitir que sustancias con indicios razonables de causar daño sigan en circulación. Actuamos con responsabilidad, anticipándonos a un riesgo que el mundo ya está reconociendo”.
EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR
El texto sustitutorio reúne seis proyectos de ley impulsados por parlamentarios como Edgar Reymundo, Lucinda Vásquez, Manuel García, Sigrid Bazán, Guido Bellido y Katy Ugarte, quienes coincidieron en fortalecer la protección sanitaria ante los riesgos de los colorantes artificiales.
La norma dispone que su implementación sea supervisada por DIGESA y DIGEMID, ambas dependencias del Ministerio de Salud, garantizando el control de ingredientes químicos en la producción nacional.
Si bien una de las propuestas originales pedía incluir una advertencia en los envases con la frase “Contiene eritrosina: evitar su consumo”, esta disposición fue finalmente descartada del dictamen final. Aun así, la prohibición total de la sustancia representa un avance significativo para la salud pública y los derechos del consumidor.
