La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, aprobó el proyecto de ley 1726/2021-CR que dejaba sin efecto al decreto supremo n.° 001-2022-TR, el cual ponía fin a la tercerización en actividades núcleo de negocio de las empresas.
El mencionado decreto fue impulsado por la ministra de Trabajo, Betssy Chavez, que fue censurada hace cuatro días y se dio, a raíz de problemas que venían con la tercerización como la reducción de beneficios laborales de algunos trabajadores.
“Podemos afirmar que las disposiciones del Decreto Supremo N° 001-2022-TR, vulnera la Constitución en la medida que atenta contra los siguientes derechos fundamentales: libertad de contratación, el derecho a la propiedad y la libertad de empresa”, sostuvo la congresista Silvia Monteza, presidenta de la comisión durante la sesión del equipo de trabajo.
Durante la sesión, Monteza refirió que ponerle fin a la tercerización "lesiona" el derecho a la libertad de empresa, reconocida en el artículo 59 de la Constitución Política del Perú.
TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS
Según la Ley n.° 29245 y el decreto legislativo n.° 1038 el mecanismo por el cual una empresa principal contrata a otras empresas para que desarrollen actividades especializadas u obras, siempre que asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo; cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales; sean responsables por los resultados de sus actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación.
ADVERTENCIAS
La Asociación de Contratistas Mineros del Perú (Acomipe), indicó que el fin de la tercerización hubiera puesto en riesgo 70,000 empleos en este sector.
Asimismo, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) las más afectadas serían las medianas y pequeñas empresas que dan trabajo a un promedio de 105,000 personas.
