Carmen Benítez, una representante de Organización Internacional del Trabajo (OIT), declaró que la adecuada aplicación de la ley de consulta previa promoverá la llegada de inversiones responsables y que además no afecten al medio ambiente.
La especialista regional recordó que la norma tiene por finalidad establecer un mecanismo de diálogo social para que los negocios se realicen de la mejor manera, y no sean una opción de veto.
Esto permitirá que se logre un desarrollo sostenible de las empresas, del medio ambiente y de las comunidades además de un trabajo digno a los trabajadores generando una relación de confianza entre el Estado y los sectores no escuchados a lo largo de los gobiernos pasados.
También señaló que existen 214 problemas sociales heredados por el pasado mandato, según un reporte de la Defensoría del Pueblo, y que estos no se solucionen de la noche a la mañana, por ello espera “una pronta aplicación de la norma”.
