El electo presidente, Ollanta Humala, asumirá el Gobierno de Perú en julio próximo con más de 220 conflictos sociales abiertos a nivel nacional, principalmente por reclamos socio-ambientales vinculados con la minería, según un reporte ofrecido por la Defensoría del Pueblo.
El defensor adjunto para la prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad, Rolando Luque, afirmó a la prensa extranjera acreditada en Lima, que los actuales conflictos son 227, de los cuales 142 se mantienen activos y 85 latentes.
La Defensoría produce un reporte mensual sobre estos conflictos, que dijo que estos tienen que ver con temas de seguridad, desarrollo, gobernabilidad y derechos fundamentales.
Añadió que, del total, el 64 % de conflictos están en proceso de diálogo, aunque reveló que, por lo menos, en el 51 % de los casos se han producido hechos de violencia.
Las regiones que en este momento afrontan una mayor agitación social son la norteña Áncash (con 27 casos), la sureña Puno (21), Lima (19) y Cajamarca (17).
Al explicar los motivos de la conflictividad, Luque dijo que esta ha coincidido con un momento de crecimiento muy importante de la economía peruana lo que, explicó, "evidentemente ha generado enormes expectativas en la población".
"Esas expectativas no van a ser suspendidas ni eliminadas de cara al nuevo gobierno", remarcó el Defensor adjunto, para luego recordar que Perú tiene 50.000 millones de dólares comprometidos en inversiones para los próximos 10 años, lo que puede incentivar más conflictos.
Al respecto, aseguró que para los pobladores de la sierra y selva peruana "no todo es dinero, no todo es economía" y que, más bien, ellos "exigen ser respetados en sus derechos".
Luque también insistió en que el próximo gobierno debe aprobar la Ley de consulta previa a las comunidades indígenas, que fue finalmente dejada de lado por la actual gestión de Alan García.
Remarcó, sin embargo, que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que se debe realizar el proceso de consulta, que incluye numerosos mecanismos de control, pero no implica el derecho a veto de parte de la población.
Luque recordó que la conflictividad se da también por una falla en la institucionalidad del Estado peruano, "que no se ha reformado suficientemente para ser más receptivo" a las demandas ciudadanas: "Creemos que en Perú existe una insuficiente cultura de diálogo" señaló, antes de atribuirlo a "los largos períodos de dictadura" que ha vivido el país.
Al respecto resaltó que, con la elección de Ollanta Humala, "por primera vez en su historia el Perú tiene la posibilidad de tener 15 años de gobierno democrático continuo".
El defensor adjunto dijo que "más importante que el número de conflictos es la forma en que el Estado los entiende y enfrenta" y que "la obsesión por invertir no puede estar por delante del derecho a la vida".
Para Luque, en Perú existe "una crisis de confianza muy fuerte" de la población hacia las empresas y el Estado, por lo que deben mejorarse los métodos de diálogo e inclusión.
"Necesitamos un Estado que entre a los problemas con mucha decisión y autoridad para resolverlos", acotó, para luego decir que también conviene "relativizar el número de conflictos" y recordó que en Perú operan actualmente unas 600 empresas mineras, la mayoría de las cuales "ha logrado establecer relaciones armónicas con sus entornos".
