El Congreso de la República aprobó interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Pietro Barrera, para que explique las decisiones adoptadas en torno al contrato de la nueva Carretera Central, una de las obras de infraestructura vial más importantes del país. La citación responde a cuestionamientos sobre la resolución del acuerdo de asistencia técnica con la empresa francesa EGIS.
Congreso cita al ministro por proyecto de la nueva Carretera Central
El Pleno del Congreso aprobó la moción de interpelación contra el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Pietro Barrera, quien deberá presentarse el jueves 19 de marzo a las 15:00 horas para responder un pliego de preguntas formulado por los parlamentarios. La decisión fue anunciada por el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, tras admitir la moción de orden del día Nº 21430.
Los legisladores buscan esclarecer diversos aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto de la nueva Carretera Central, considerada una obra estratégica para mejorar la conectividad entre Lima y la zona central del país. La interpelación forma parte del mecanismo de control político que ejerce el Congreso sobre los ministros de Estado.
Cuestionamientos por resolución de contrato con empresa EGIS
Uno de los principales puntos que deberá explicar el ministro Barrera es la decisión adoptada el 3 de febrero de 2026 de resolver el contrato de asistencia técnica con la empresa francesa EGIS, firma que participaba en el acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G) entre Perú y Francia para la ejecución del proyecto.
La separación de EGIS se sustentó en informes de la Defensoría del Pueblo que señalan que empresas vinculadas a este grupo económico se encuentran inhabilitadas por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) debido a antecedentes de prácticas fraudulentas o de corrupción en otros países. Sin embargo, desde el Congreso se cuestionó que el MTC no haya informado oportunamente a los gobiernos regionales sobre esta crisis contractual, situación que podría generar desconfianza institucional e incluso eventuales demandas internacionales contra el Estado peruano.
