A más de un año de que se revelara un presunto esquema de corrupción en Qali Warma, varios funcionarios vinculados al caso continuarían percibiendo sueldos del Estado. Pese a los cambios de nombre del programa y a los anuncios de sanciones, los procesos administrativos no habrían logrado apartar definitivamente a todos los implicados del aparato público.
¿DESTITUCIONES REVERTIDAS?
Según la investigación de Punto Final, los funcionarios acusados de recibir coimas de la empresa Frigoinca para manipular menús y especificaciones técnicas habrían logrado revertir sus destituciones debido a errores administrativos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Tras el escándalo, el programa fue rebautizado primero como Wasi Mikuna y luego como Programa de Alimentación Escolar, aunque los cambios no habrían implicado una depuración efectiva de responsabilidades.
Uno de los casos que se mencionaría es el de Luis Alejandro Álvarez Saavedra, especialista alimentario, quien —de acuerdo con la investigación fiscal— habría recibido pagos mensuales de 500 soles a través de la cuenta bancaria de su esposa, Judith Preciado, acumulando 17 mil soles para favorecer a Frigoinca en una región. Actualmente, Álvarez se encontraría suspendido, pero continuaría cobrando su salario desde su domicilio en Chimbote. Junto a él, otros nueve funcionarios habrían integrado la red que permitió a la empresa burlar controles y obtener contratos millonarios.
MÁS DE UN AÑO SIN SANCIONES DEFINITIVAS
De acuerdo con el reportaje, habrían pasado 14 meses desde que el caso salió a la luz sin que el Midis concretara la expulsión definitiva de los involucrados. Entre ellos figuraría Deyvis Espinoza Mendoza, quien —según la Fiscalía— habría recibido 215 mil soles en pagos fraccionados para modificar especificaciones técnicas a favor de productos enlatados de Frigoinca. Los pagos se habrían canalizado mediante su esposa, Yesabella Pazos Cribillero, exfuncionaria del sector Salud, y ambos se encontrarían prófugos de la justicia.
Aunque el entonces ministro Julio Demartini habría anunciado la separación de los implicados, SERVIR habría anulado las destituciones mediante resoluciones administrativas, dejando habilitada la reincorporación de varios funcionarios. Actualmente, Julissa Fajardo Michelini y Fernando Herrera Carrión figurarían como trabajadores activos del programa Wasi Mikuna y percibirían sueldos públicos, pese a haber sido vinculados a la red mediante conversaciones y pagos gestionados por Noemí Alvarado, exoperadora de Frigoinca.
En total, serían 10 funcionarios los que, por fallas en el proceso, estarían habilitados para retornar al Estado: tres ya habrían sido reincorporados y cobrarían sueldo, dos se encontrarían prófugos de la justicia y cinco permanecerían en prisión preventiva.
