El informe del Congreso que concluye que no corresponde otorgar pensión vitalicia a Dina Boluarte sigue generando reacciones. Esta vez, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, cuestionó duramente los argumentos del Parlamento y recordó que la sucesión constitucional está prevista en la Carta Magna, por lo que no puede ser interpretada de manera discrecional.
SUCESIÓN CONSTITUCIONAL BAJO DEBATE
En declaraciones a RPP, Gutiérrez se refirió al informe revelado por Cuarto Poder, elaborado por el Área de Asesoría Laboral del Congreso, que concluye que Dina Boluarte no tiene derecho a una pensión vitalicia de aproximadamente S/35 mil mensuales ni a otros beneficios como expresidenta. El documento sustenta su posición en que Boluarte no fue elegida por voto popular, no completó un periodo presidencial y fue destituida por incapacidad moral.
El defensor del Pueblo discrepó con estos criterios y subrayó que la sucesión constitucional está claramente legislada. “Si muere el presidente, los vicepresidentes asumen por sucesión constitucional con todos los derechos que ello implica”, sostuvo, diferenciándola de una sucesión legal no prevista en la Constitución. En ese sentido, advirtió que cualquier interpretación distinta vulneraría el principio de legalidad y el Estado constitucional de derecho.
ADVERTENCIA AL CONGRESO
Gutiérrez remarcó que el Parlamento no puede tomar decisiones “en función a lo que le resulte más favorable en su imagen ante la opinión pública”, sino conforme a la Constitución y la ley. Sus declaraciones reavivan el debate político y jurídico sobre los beneficios que corresponden a los mandatarios que acceden al cargo por sucesión constitucional, en un contexto de alta desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
En la misma entrevista, el defensor del Pueblo expresó su preocupación por la capacidad del próximo Congreso para legislar una eventual Ley MAPE antes de que venza la ampliación del Reinfo, en diciembre del próximo año. Señaló que los plazos legislativos serían ajustados y que solo quedarían alrededor de cuatro meses efectivos para discutir una norma integral sobre el tema.
Horas antes, Gutiérrez también adelantó que la Defensoría del Pueblo emitirá un pronunciamiento sobre el pase al retiro de cuatro tenientes generales y 21 generales de la Policía Nacional del Perú. Indicó que el proceso está regulado por ley y confió en que las decisiones del comando policial se adopten bajo criterios de ponderación adecuada, respetando tanto los ascensos como los retiros que correspondan conforme al marco legal vigente.
