La violencia del sicariato en el transporte público no solo ha cobrado la vida de decenas de choferes, sino que ha dejado a sus hijos en una situación de desprotección. Una investigación reveló que la mayoría de huérfanos de transportistas asesinados aún no recibe el bono ni el acompañamiento psicológico prometidos por el Estado.
PROMESAS SIN CUMPLIR
Según el reportaje de Punto Final, el principal obstáculo para la entrega del apoyo estatal es la inexistencia de un registro integral de los choferes asesinados por extorsiones y ataques armados. El compromiso de atender económica y psicológicamente a los deudos fue asumido durante el gobierno de Dina Boluarte, pero nunca se consolidó una base de datos oficial que permita identificar a todos los huérfanos. Esta tarea pendiente, de acuerdo con la investigación, tampoco ha sido completada por la actual administración encabezada por José Jerí.
Las cifras oficiales reflejan la magnitud del problema. La Fiscalía reportó que entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025 se registraron 91 asesinatos de choferes por ataques armados contra el transporte público. No obstante, el Ministerio del Interior solo remitió una relación de 40 fallecidos al Inabif, entidad encargada de brindar asistencia a las familias, dejando fuera a decenas de casos.
FAMILIAS SIN APOYO
La directora de la Unidad de Asistencia Económica y Acompañamiento del Inabif, Olga Ramos Huamán, admitió que la lista proporcionada por el Ministerio del Interior no está completa y que ni siquiera los gremios de transportistas cuentan con un padrón total de menores en situación de orfandad. Esta falta de información ha generado retrasos y vacíos en la atención prometida por el Estado, especialmente en el componente psicológico.
El reportaje recogió testimonios que evidencian esta situación. Diana Medina, madre de un adolescente que quedó huérfano tras el asesinato del conductor Gustavo Salazar Yachachín, trabajador de la empresa El Rápido y asesinado en noviembre de 2024, relató que recibió únicamente dos bonos económicos. Sin embargo, nunca accedió al apoyo psicológico anunciado para su hijo, por lo que se vio obligada a asumir ese gasto con recursos propios, mientras enfrenta las secuelas emocionales que dejó el crimen.
