El fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez, investigado por el caso Cuellos Blancos del Puerto, dispuso la creación de una comisión encargada de elaborar la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, según la Resolución N° 3578-2025-MP-FN. El grupo, conformado por 26 fiscales y ocho abogados externos, ha generado controversia por incluir a juristas con vínculos en procesos de corrupción y defensas polémicas.
NOMBRES BAJO LA LUPA
Entre los convocados figura Aníbal Quiroga León, exasesor constitucional de Dina Boluarte y abogado del general EP (r) Juan Rivero Lazo, procesado por homicidio calificado en el caso Pativilca. También destaca Arsenio Oré Guardia, exabogado de Keiko Fujimori en el Caso Cócteles, y quien fue investigado por obstrucción a la justicia. Asimismo, fue incluido Carlos Caro Coria, abogado del exministro del Interior Juan José Santiváñez, acusado de abuso de autoridad.
A la lista se suman Julio Rodríguez Delgado, crítico del acuerdo con Odebrecht y exdefensor de Andrés Hurtado; Luis Iberico Castañeda, quien representó a Gustavo Salazar, investigado por lavado de activos vinculado a sobornos de Odebrecht; y Percy García Cavero, abogado del propio Oré. También integran el grupo Romy Chang, defensora en el caso del derrumbe del Real Plaza Trujillo, y Víctor García Toma, exministro de Justicia y expresidente del Tribunal Constitucional, vinculado a asesorías legales de empresas mineras.
Aunque los miembros externos fueron designados como representantes de la “sociedad civil y la academia”, varios de ellos han estado relacionados con casos judiciales de alta exposición pública. Según la resolución publicada en El Peruano, la comisión trabajará durante tres meses, con posibilidad de prórroga, y el Ministerio Público cubrirá los gastos logísticos y operativos con su propio presupuesto.
La presencia de abogados ligados a casos emblemáticos de corrupción y abuso de poder ha generado preocupación entre juristas y analistas. Especialistas advierten que la composición del grupo podría afectar la legitimidad del proceso de reforma, especialmente al tratarse de una comisión encabezada por un fiscal cuestionado. Mientras tanto, el país aguarda que la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público no se convierta en una herramienta de impunidad sino en una oportunidad para fortalecer la independencia judicial. (Con información de Infobae)
