La ex presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, expresó su preocupación por la sentencia que ordenó archivar la acusación fiscal contra Keiko Fujimori en el caso Cócteles. Sostuvo que el TC “interfirió en un juicio oral”, vulnerando el artículo 139.2 de la Constitución, e instaló un conflicto en el sistema de justicia al asumir un control de legalidad que —afirmó— corresponde a los jueces ordinarios sobre la base de la prueba del proceso.
INTERFERENCIA Y LÍMITES DEL CONTROL CONSTITUCIONAL
Ledesma señaló en RPP que el tribunal “decidió afectar la investigación” al afirmar que “no existe actividad delictiva”, adoptando posiciones que exceden sus competencias. Recalcó que el TC no debe sustituir al juzgador natural en la valoración de la tipicidad ni invadir etapas procesales en curso. Para la exmagistrada, el pronunciamiento tensiona la separación de funciones y mina la seguridad jurídica en causas complejas de lavado de activos y financiamiento electoral.
“CHOQUE DE TRENES”
Según Ledesma, ahora los jueces deberán decidir si aplican los criterios de la Corte Suprema —como la casación 617-2021, que fijó línea sobre lavado de activos en modalidad de conversión— o lo dicho por el TC en este caso. Recordó que, para la Suprema, “cualquier dinero manchado configura conversión”, mientras que el fallo constitucional, a su juicio, altera ese estándar sin contar con las “evidencias probatorias” del juicio.
Ledesma criticó además la falta de coherencia del TC al “tratar de modo desigual casos similares”: a la mayoría de ciudadanos se les niega pretensiones en historias análogas —sostuvo—, pero en un asunto de alta exposición política se habría dejado de lado jurisprudencia previa e incluso criterios del propio tribunal. Afirmó que “se utiliza la institucionalidad y el Tribunal Constitucional para interferir en juzgamientos o decisiones del sistema judicial”, lo que calificó de peligroso.
De cara al futuro, la abogada anticipó que será la Corte Suprema la que defina si mantiene sus criterios en procesos como los de Ollanta Humala, Nadine Heredia y Susana Villarán, o si se alinea con la reciente decisión del TC. La disyuntiva —apuntó— impactará en la consistencia de la jurisprudencia penal sobre lavado de activos, la interpretación del financiamiento político y la relación entre control constitucional y debido proceso.
