A través de un oficio dirigido al presidente José Jerí, el congresista Wilson Soto (Acción Popular) solicitó que el Ejecutivo inicie los trámites para retirar al Perú de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José, y de la competencia contenciosa de la Corte IDH. Según argumentó, esta medida permitiría la aplicación de la pena de muerte como respuesta a la creciente inseguridad ciudadana.
Soto sostuvo que el país vive una “incontrolable ola de delitos” que afecta la vida e integridad de los ciudadanos, y que la condena de muerte sería una forma efectiva de prevención. En el documento presentado al mandatario, el legislador remarcó que la criminalidad en Lima y en otras regiones del país “se ha desbordado”, por lo que urge adoptar medidas extremas frente a los crímenes más graves.
¿JOSÉ JERÍ RESPALDA LA PROPUESTA?
El pedido de Soto reaviva una discusión que ya había sido promovida en los últimos meses del gobierno de Dina Boluarte, cuando se planteó que el retiro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos era una posible “solución” ante la crisis de seguridad. En ese contexto, José Jerí, hoy presidente del Perú, también expresó su respaldo a la idea cuando ocupaba la presidencia del Congreso, señalando que el país debía “tomar decisiones firmes” para garantizar la seguridad de la población.
Tras conocerse el oficio, Jerí respondió brevemente a través de la red social X (antes Twitter) con un escueto “anotado”, confirmando que ha tomado conocimiento del pedido de Soto. Su reacción ha generado expectativa sobre si el nuevo gobierno avanzará con el trámite para abandonar el Pacto de San José, lo que marcaría la renuncia del Perú a la política de derechos humanos del país.
