El Gobierno de Dina Boluarte oficializó, mediante decreto supremo de la Cancillería, el reglamento y el estatuto de infracciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). La norma faculta sanciones de hasta 500 UIT a las ONG que brinden asesoría legal a personas que denuncien al Estado peruano por violaciones de derechos humanos, tanto en instancias nacionales como internacionales. Además, prohíbe a las organizaciones financiar marchas o movilizaciones, informó el diario La República.
ENFRENTAMIENTO CON LA CORTE IDH
La promulgación representa un nuevo desacato a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en julio ordenó al Estado garantizar la defensa de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta sin represalias por la Ley APCI. Según el organismo internacional, esta normativa afecta el derecho de acceso a la justicia y debilita la labor de la sociedad civil.
Diversas ONG, como la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Comisión de Derechos Humanos (Comiseh), han advertido que la norma limita gravemente la defensa de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Abogados especializados en litigio internacional calificaron el reglamento como “autoritarismo” y señalaron que podría dejar sin representación cientos de casos en proceso.
FACULTADES AMPLIADAS DE LA APCI
El reglamento otorga a la APCI el control total sobre los registros de ONGD, ENIEX e IPREDA, así como de los planes, proyectos y actividades que reciban financiamiento exterior. Además, establece que la institución podrá acceder a contratos, actos jurídicos y administrativos de las ONG, así como exigir la documentación de fuentes cooperantes y donantes.
La Cancillería subrayó que la APCI deberá otorgar la conformidad previa a cualquier proyecto que ejecute una ONG con recursos externos, lo que amplía su rol de supervisión y fiscalización. Para la congresista del Bloque Democrático, Ruth Luque, con esta norma se busca la "impunidad" y "eliminar" a los ciudadanos que "se atrevan a incomodar" a las autoridades investigadas.
Por otro lado, el parlamentario Alejandro Aguinaga, señaló que las ONG tendrán que transparentar las "sumas millonarias" que gestionan a fin de que "llegue al verdadero beneficiario", además, dijo que muchas veces detrás de las marchas ciudadanas en aparente defensa de la democracia "se esconden oscuras agendas".
