La Defensoría del Pueblo expresó su respaldo a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó la excarcelación de la ex primera ministra Betssy Chávez Chino. El organismo sostuvo que la decisión constituye un precedente para corregir las detenciones arbitrarias que se han registrado en el sistema de justicia peruano.
El TC declaró fundado el recurso de agravio constitucional presentado por la defensa de Chávez, lo que permitió revocar la medida de prisión preventiva que venía cumpliendo en el penal de mujeres de Chorrillos, por los presuntos delitos de rebelión tras el golpe de Estado encabezado por el expresidente Pedro Castillo, en diciembre de 2022.
En un comunicado, la Defensoría destacó que este fallo reafirma el papel esencial del hábeas corpus en la protección de la libertad personal y en la garantía del principio de igualdad ante la ley, asegurando un trato jurídico uniforme para todos los ciudadanos.
La institución recordó que ya había advertido estas prácticas en informes publicados en 2024, donde se revelaban que numerosos ciudadanos permanecieron privados de su libertad sin orden judicial vigente, lo que reflejaba deficiencias en la administración de justicia y una actuación meramente formal de parte del Poder Judicial frente a los pedidos del Ministerio Público.
PREOCUPACIÓN POR PRISIONES PREVENTIVAS PROLONGADAS
La Defensoría alertó además sobre el uso recurrente de la prisión preventiva como herramienta automática, muchas veces prolongada sin un análisis riguroso de los jueces. En el caso de Betssy Chávez, señaló que la permanencia en prisión se extendió por “cuestiones logísticas”, argumento que calificó de inaceptable en un Estado constitucional de derecho.
Finalmente hizo un llamado al poder Legislativo: “Corresponde que el Congreso de la República evalúe la discusión de una Ley que establezca responsabilidades más allá del plano administrativo para los operadores del sistema de justicia que vulneren derechos fundamentales”.
