El expresidente Martín Vizcarra permanecerá cinco meses en prisión preventiva mientras es investigado por presunta corrupción en el caso denominado Los Intocables de la Corrupción. Su situación legal se complica aún más debido a otros procesos en curso y a una sanción que le impide ejercer cargos públicos durante un cuarto de siglo.
Presunto cobro de sobornos en obras públicas
En el proceso Los Intocables de la Corrupción, la Fiscalía de la Nación sostiene que Vizcarra habría recibido más de dos millones de soles en sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua, a cambio de favorecer la adjudicación de proyectos como Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. Según las pesquisas, los contratos observados superan los 274 millones de soles y fueron gestionados a través de Provías Descentralizado, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Testimonios señalan que, ya como presidente, recibió dinero en efectivo en Palacio de Gobierno y que incluso se habrían apagado cámaras de seguridad para evitar registros del encuentro.
Caso Richard Swing: contratos irregulares en Cultura
Otra carpeta fiscal involucra al exmandatario en la contratación de Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, en el Ministerio de Cultura. Entre 2018 y 2020, Cisneros obtuvo nueve contratos por un total de 175 mil soles, pese a no cumplir con los requisitos técnicos establecidos para esos servicios. La Fiscalía investiga si Vizcarra intervino para autorizar estas contrataciones, que generaron un fuerte cuestionamiento político por la cercanía personal entre ambos y el presunto uso indebido de recursos del Estado.
Vacunagate: uso indebido de dosis contra la COVID-19
El tercer caso abierto es el Vacunagate, en el que Vizcarra, su esposa y otros altos funcionarios accedieron de forma irregular a vacunas de Sinopharm durante la pandemia, fuera del ensayo clínico autorizado. El Ministerio Público le imputa delitos como organización criminal, cohecho pasivo propio, tráfico de influencias, concusión agravada, aprovechamiento indebido del cargo y falsificación de documentos. Este escándalo motivó que, en 2021, el Congreso lo inhabilitara por diez años, una sanción que se sumó a otras medidas punitivas.
