El Congreso de la República ha dado pasos firmes en el procesamiento de cuatro denuncias constitucionales en contra de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, todas dirigidas a buscar su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Estas acusaciones provienen de diferentes sectores legislativos y se relacionan con decisiones controvertidas, como su oposición a la reposición de Patricia Benavides como titular del Ministerio Público y su postura frente a ciertas normativas. Las denuncias ya han sido admitidas a trámite por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), lo que marca el inicio de un proceso que podría tener implicancias significativas en la carrera de la funcionaria.
Escenarios de investigación y conflictos pendientes
La SAC, liderada por la congresista María Acuña de Alianza Para el Progreso, ha programado una citación para Espinoza este viernes, derivada de una denuncia presentada por el legislador de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi. Esta imputación cuestiona la decisión de la Junta de Fiscales Supremos, que incluye a Espinoza, de no aplicar una ley que otorga a la Policía Nacional del Perú la dirección de investigaciones preliminares. En respuesta, el Ministerio Público ha elevado una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, dejando el asunto en un punto de indefinición mientras la denuncia sigue su curso. El congresista Esdras Medina, de Renovación Popular, fue designado para redactar el informe final relacionado con este caso.
Sin embargo, Espinoza no asistirá a la citación programada, ya que tiene previsto un viaje a Italia para participar en el “Evento Anual Regional en memoria del juez Paolo Borsellino” los días 18 y 19 de julio. La notificación para su comparecencia fue enviada el 14 de julio, y un día después, la SAC aprobó otro informe de calificación basado en una acusación de Renovación Popular. Esta denuncia alega que Espinoza habría favorecido al fiscal supremo Pablo Sánchez al archivar una investigación en su contra, conocida como el caso “CNM Audios”, solicitando su inhabilitación por 10 años, aunque aún requiere la aprobación de la Comisión Permanente.
Otras dos denuncias complementan este panorama. La primera, aprobada el 1 de julio por la SAC, involucra a Espinoza y otros fiscales supremos por no acatar la resolución de la Junta Nacional de Justicia que buscaba restituir a Patricia Benavides, también con el objetivo de inhabilitación. La segunda, iniciada el 4 de junio por el exministro Juan José Santiváñez y avalada por la Comisión Permanente, acusa a Espinoza de abuso de autoridad y vulneración de la intimidad al supuestamente filtrar datos de una pesquisa en su contra. La congresista Milagros Jáuregui, de Renovación Popular, fue asignada para elaborar el informe final de esta última imputación, manteniendo el foco en una posible sanción.
