Un explosivo informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República ha sacudido el panorama político peruano al revelar “un festín de contrataciones” vinculadas al partido Alianza para el Progreso (APP), liderado por César Acuña. Según el documento, “cerca de 700 personas” fueron contratadas durante la gestión de APP en el Congreso, muchas sin cumplir los requisitos establecidos. Entre los casos más notorios destaca el de Andrea Vidal, asesinada en diciembre de 2024, cuya contratación en la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional ha levantado sospechas sobre posibles favoritismos. “No se respetaron los procedimientos legales ni los principios de mérito”, señala el informe, poniendo en el centro de la controversia a figuras cercanas a César Acuña.
El caso de Andrea Vidal ha añadido un componente trágico al escándalo. La joven, junto con otras trabajadoras como Isabel Cajo y Alexandra Gil, fue contratada con un sueldo de “hasta 8,000 soles mensuales” pese a no contar con la experiencia requerida, según el informe. Jorge Torres Saravia, identificado como “un operador clave” de APP, habría facilitado estas contrataciones, incluyendo la suya propia, utilizando “documentos falsificados” para acceder a un cargo de alto nivel. La Contraloría estima que estas irregularidades generaron un perjuicio económico al Estado de “más de 230,000 soles”. Las acusaciones han reavivado especulaciones sobre una supuesta red de prostitución en el Congreso, aunque el informe descarta explícitamente esta teoría, afirmando que “no se encontraron pruebas de tal red”.
Un sistema de contrataciones bajo escrutinio
El informe detalla cómo Torres Saravia, con vínculos directos con Luis Valdez, excongresista y aliado de César Acuña, desempeñó un rol central en las contrataciones. “Se aprovechó de su posición para beneficiar a personas cercanas a APP”, indica el documento, señalando que muchas de estas contrataciones se realizaron sin concursos públicos. Otro caso relevante es el de Jacqueline Yessenia Lozano Millones, identificada como “una persona de confianza” de César Acuña, quien fue contratada en el Centro de Modalidades Formativas del Congreso bajo condiciones cuestionables. La Contraloría ha recomendado “acciones legales por falsificación de documentos” contra los responsables, lo que podría derivar en sanciones penales.
Las irregularidades no se limitan a los casos mencionados. El informe destaca que “un número significativo de contrataciones” se realizó en el área de prensa y comunicaciones, donde APP habría priorizado a personas de su entorno político. “Se detectaron sueldos desproporcionados para funciones que no justificaban tales montos”, subraya el documento, generando críticas sobre el uso de recursos públicos. La muerte de Andrea Vidal, aún sin esclarecer, ha intensificado el escándalo, con la fiscalía investigando posibles conexiones entre su asesinato y las prácticas irregulares en el Congreso de la República. Aunque el informe descarta la red de prostitución en el Congreso, la ciudadanía exige claridad sobre estos hechos.
Llamado a la transparencia en el Legislativo
La Contraloría ha intensificado sus auditorías para garantizar que el Congreso cumpla con las normativas de contratación. “Es imperativo que se sancione a los responsables y se restituyan los fondos públicos mal utilizados”, afirmó un representante del organismo, citado en el informe. Las acusaciones han puesto en entredicho la gestión de Alianza para el Progreso y de su líder, César Acuña, quien enfrenta cuestionamientos sobre su influencia en el Parlamento. La opinión pública, indignada, demanda reformas para evitar que el Congreso se convierta en un espacio de favoritismos políticos.
El caso de Andrea Vidal y las irregularidades en las contrataciones han generado un debate nacional sobre la ética en la gestión pública. Mientras las autoridades buscan a los responsables de su asesinato, el informe de la Comisión de Fiscalización ha encendido las alarmas sobre la necesidad de mayor transparencia. “El Congreso debe ser un ejemplo de integridad, no un lugar para beneficios indebidos”, concluye el documento. Este escándalo, que combina corrupción, tragedia y cuestionamientos a APP, promete seguir dominando los titulares mientras el país espera justicia y respuestas.
