El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Fundación para el debido proceso (DPLF) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), hicieron un llamado urgente a los Estados miembros de la OEA, a la CIDH y la Corte IDH debido al retroceso en los principios democráticos de derechos humanos y la grave situación institucional en el país.
El comunicado destaca que a pocos días del inicio de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), distintas autoridades y órganos estatales han adoptado decisiones o emitido declaraciones que “amenazan los principios de democracia y derechos humanos”.
El Congreso de la República, por citar un ejemplo, aprobó un nuevo proyecto de ley de amnistía que podría beneficiar a responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidos entre 1980 y 2000, contrarias a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala el comunicado.
Así también, en el comunicado se destaca que el nuevo premier, Eduardo Arana, planteó ante el Congreso la necesidad de revisar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH): “Esta amenaza (…) pone en riesgo una de las vías internacionales de protección de derechos humanos más importantes con la que cuentan actualmente miles de personas en el país”.
PIDEN ACCIÓN DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES
Ante estos hechos que “consolidan un modelo autoritario” y “debilitan el Estado de derecho”, las organizaciones hicieron peticiones a los organismos internacionales:
- Llamar a los Estados miembros de la OEA a expresar su preocupación ante el incumplimiento sistemático de los principios democráticos y derechos humanos por parte del Estado Peruano.
- Instar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) a evaluar y valorar la inclusión del Perú en el Capítulo IV.B de su próximo informe anual, el cual se destina a los países que tiene graves retrocesos en cuanto a derechos humanos.
En el informe, firmado por Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Fundación para el debido proceso (DPLF) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), también se hizo un llamado al Congreso y al Poder Ejecutivo a cesar las iniciativas orientadas a garantizar la impunidad y retomar el camino del respeto a sus obligaciones internacionales en cuanto a justicia, derechos humanos y democracia.
