El Congreso del Perú ha dado un paso firme en la lucha contra la delincuencia al aprobar la Ley N° 32372, una normativa que agiliza la expulsión de ciudadanos extranjeros condenados por delitos graves. La medida, promulgada por el Poder Ejecutivo, modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para garantizar que los infractores no puedan permanecer en el país tras cumplir su condena o acceder a beneficios penitenciarios. Esta iniciativa responde a la creciente preocupación por la seguridad ciudadana, un tema prioritario para la población peruana.
La nueva legislación establece que los extranjeros sentenciados no podrán retornar al Perú durante un período equivalente a la pena máxima del delito cometido, una medida destinada a disuadir la reincidencia. Además, se permite el decomiso o la extinción de dominio de los bienes de los condenados para asegurar el pago de la reparación civil, la cual no prescribe. Con estas disposiciones, el Congreso busca fortalecer el control migratorio y proteger el orden interno frente a actos delictivos.
Un escudo para la seguridad nacional
Las modificaciones a los artículos 30, 30-A, 52 y 52-A del Código Penal introducen la expulsión como una pena accesoria, aplicable tras el cumplimiento de la condena o en casos de conversión de penas privativas de libertad. Esta herramienta legal también asegura que el Perú mantenga jurisdicción sobre las sentencias, permitiendo al Estado reactivar procesos si los expulsados intentan reingresar ilegalmente. La norma refleja el compromiso de las autoridades por reducir la incidencia de crímenes cometidos por extranjeros.
El respaldo a la ley fue abrumador, con 96 votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones en el Pleno del Congreso. La exoneración de una segunda votación agilizó su envío al Ejecutivo para su promulgación, marcando un hito en las políticas de seguridad. Con esta medida, el Perú busca no solo descongestionar el sistema penitenciario, sino también enviar un mensaje claro: el país no tolerará la delincuencia, independientemente de la nacionalidad de los infractores.
