Una reciente resolución del Poder Judicial pone contra las cuerdas a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), al exigirle el cumplimiento de la reposición inmediata de Tomás Aladino Gálvez Villegas como fiscal supremo titular. El caso genera un nuevo debate sobre la legalidad de la restitución, dado que Gálvez mantiene una afiliación política activa.
PLAZO VENCE ESTA SEMANA
El 10° Juzgado Constitucional de Lima notificó el 30 de mayo una resolución que ordena a la JNJ restituir a Tomás Gálvez en un plazo máximo de cinco días hábiles. La disposición judicial se basa en el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que el 28 de abril declaró nulo el procedimiento disciplinario iniciado contra el magistrado en febrero de 2020. El plazo de cumplimiento va del lunes 2 al viernes 6 de junio.
En el documento oficial, al que accedió RPP Noticias, se exige además que se habilite el título de fiscal supremo titular de Gálvez en el Ministerio Público y se deje sin efecto su sanción de destitución. El amparo fue presentado por el propio Gálvez contra la JNJ, siendo admitido por el Poder Judicial con carácter vinculante.
AFILIACIÓN POLÍTICA PONE EN DUDA SU RETORNO
Aunque el TC dejó a salvo la posibilidad de que la JNJ inicie un nuevo proceso disciplinario, la situación de Gálvez es polémica. Actualmente, figura como presidente y representante legal del partido político Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!, según el Registro de Organizaciones Políticas. Esta afiliación iría en contra de lo dispuesto en la Ley de Carrera Fiscal, que prohíbe que un fiscal tenga militancia activa.
De no regularizar esta condición, Tomás Gálvez no estaría legalmente habilitado para ejercer el cargo, pese a la orden de reposición emitida por el Poder Judicial. La JNJ aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre cómo procederá frente a este escenario complejo.
