Política

Hace 4 horas

Congreso defiende ley que penaliza a menores de 16 y 17 años

Eduardo Salhuana afirmó que "el Congreso debe dar una respuesta frente a situaciones recurrentes" de delincuencia juvenil.




El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, se pronunció sobre la reciente aprobación de una ley que reduce la edad de responsabilidad penal a menores de 16 y 17 años en Perú. Durante una conferencia de prensa, Salhuana defendió la norma, argumentando que es una respuesta necesaria frente a la creciente delincuencia juvenil. "El Congreso debe dar una respuesta frente a situaciones recurrentes", afirmó, refiriéndose a los casos de menores involucrados en actividades delictivas.

Polémica por la aplicación de la ley

Salhuana destacó que esta iniciativa legislativa busca promover otras opciones para los menores infractores, más allá de la sanción penal. "Hemos promovido otra iniciativa para incrementar penas a quienes utilizan a menores de edad", señaló, subrayando que el objetivo es desincentivar el uso de jóvenes por parte de organizaciones criminales. Sin embargo, la norma ha generado controversia, ya que sectores como el Ministerio Público han expresado su preocupación por posibles conflictos con tratados internacionales y el marco constitucional peruano.

La Fiscalía de la Nación, en un comunicado emitido el 10 de mayo de 2025, advirtió que la ley podría ser inaplicable debido a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño y otras normativas internacionales que Perú ha suscrito. Además, cuestionaron la efectividad de la medida para combatir la criminalidad, argumentando que no aborda las causas estructurales de la delincuencia juvenil, como la pobreza y la falta de oportunidades.

El debate sobre esta ley, aprobada el 12 de mayo de 2025, sigue dividiendo opiniones. Mientras Salhuana insistió en que "los jueces y fiscales tienen que aplicar esta norma en toda la república", diversas organizaciones de derechos humanos y expertos legales han anunciado que presentarán acciones legales para impedir su implementación, alegando que vulnera los derechos de los menores y podría agravar la situación de vulnerabilidad de este grupo.


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