El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, y el alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, sostuvieron este lunes 5 de mayo una reunión con la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno. La cita tuvo como objetivo principal exigir la declaratoria del estado de sitio en toda la provincia de Pataz, así como coordinar medidas de seguridad frente al avance de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal.
Pataz, ubicada en la sierra de La Libertad, vive una alarmante crisis de seguridad desde hace varios años, intensificada recientemente por el asesinato de 13 personas en el distrito de Parcoy, hecho atribuido a mafias mineras. Durante la reunión, también participaron el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y varios titulares de cartera. Las autoridades locales demandaron una intervención más enérgica del Ejecutivo ante el deterioro del orden público en la región.
Requieren presencia militar permanente en la provincia
Uno de los pedidos centrales del encuentro fue la instalación de una base militar permanente con características similares a las del VRAEM. Esta estructura permitiría un control más eficaz del territorio, facilitaría operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, y reduciría el poder de las bandas criminales que operan con total impunidad en zonas de difícil acceso.
El alcalde de Pataz alertó que la presencia del Estado en su provincia es casi simbólica y que las mafias ligadas a la minería ilegal han extendido su dominio sobre comunidades enteras. En ese sentido, Acuña respaldó la propuesta de declarar el estado de sitio como medida excepcional, una figura constitucional que permite restringir libertades y reforzar el control militar en zonas críticas del país.
Apoyo a familiares de las víctimas
Además de las gestiones de seguridad, César Acuña anunció que brindará un apoyo económico a los 13 familiares de las víctimas del crimen en Parcoy. Aunque no se precisó el monto ni los mecanismos de entrega, se indicó que el Gobierno Regional de La Libertad ya inició el contacto con los deudos. Esta medida busca mitigar el impacto inmediato del doloroso episodio que ha conmovido al país.
La situación en Pataz se ha vuelto un símbolo de la lucha pendiente del Estado contra la minería ilegal, el narcotráfico y las redes delictivas en zonas rurales. Mientras se esperan decisiones concretas por parte del Ejecutivo, los gobiernos subnacionales demandan que se priorice la seguridad en territorios históricamente abandonados.
