El Ministerio Público cuestionó la vigencia de seis leyes recientemente emitidas por el Congreso, considerándolas una amenaza a su función fiscal y a la administración de justicia. A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, el organismo expresó su preocupación por cómo estas leyes afectan su autonomía y la defensa de la legalidad.
En un pronunciamiento, el Ministerio Público señaló que estas normas representan un retroceso en la defensa de los derechos ciudadanos y en la lucha contra la criminalidad. Además, detallaron el impacto negativo de cada ley sobre el sistema de justicia y el proceso de persecución del delito.
LEYES CUESTIONADAS
Entre las leyes cuestionadas, se encuentra la Ley 32107 sobre crímenes de lesa humanidad, que limita la capacidad de la fiscalía para abordar violaciones de derechos humanos. También se destaca la Ley 31990 sobre colaboración eficaz, que reduce el tiempo para corroborar información clave en delitos complejos.
Otra de las leyes criticadas es la Ley 32181, que elimina la detención preliminar para efectivos policiales involucrados en hechos violentos, lo que limita las acciones fiscales en investigaciones delicadas. Además, la Ley 31751 recorta los plazos de prescripción, dificultando la persecución de delitos graves.
Por último, el Ministerio Público destacó los problemas derivados de la Ley 32108 sobre crimen organizado, que complica las investigaciones, y la Ley 32182, que sanciona a jueces y fiscales sin respetar sus criterios jurídicos, afectando la independencia judicial.
