La bancada de Renovación Popular solicitó al Ejecutivo la rápida promulgación de la Ley n.° 32181, que busca restituir la figura de la detención preliminar en casos de no flagrancia delictiva. Aunque el Congreso de la República corrigió la norma tras críticas ciudadanas, el Ejecutivo aún no la ha promulgado, lo que deja vigente un cambio legislativo que limita a las autoridades judiciales y policiales en la lucha contra el crimen organizado.
Un vacío legal que preocupa
La Ley n.° 32181, aprobada inicialmente por el Congreso, contiene disposiciones enfocadas en la protección al personal de la Policía Nacional del Perú (PNP). Sin embargo, uno de sus apartados derogó la facultad de las autoridades de solicitar detención preliminar en casos donde no haya flagrancia delictiva. Esto significa que, si un sospechoso no es capturado en el momento de cometer un delito, no puede ser sometido a detención preliminar, obstaculizando investigaciones contra redes criminales y delincuencia organizada.
Aunque el Congreso corrigió este error mediante una modificación legislativa, el Ejecutivo no ha promulgado la norma que restituye esta herramienta, lo que genera críticas y demandas de acción inmediata.
El vocero de Renovación Popular, Alejandro Muñante, reconoció públicamente su responsabilidad en la aprobación inicial de la norma. Según explicó, el debate parlamentario se centró en la defensa de los derechos de los policías, dejando inadvertido el apartado que derogaba la detención preliminar. “Yo voté a favor y he hecho un mea culpa. El debate se enfocó en proteger a la Policía, pero no vimos los detalles que traían este problema”, admitió Muñante.
Renovación Popular ha enviado un oficio a la Presidencia de la República exigiendo la promulgación de la corrección legislativa. "Se viene afectando la facultad de fiscales y jueces de aplicar esta figura legal en la lucha contra el crimen", señala el documento remitido al Ejecutivo.
¿Qué dice la norma?
La detención preliminar en casos de no flagrancia ha sido una herramienta clave para que la Fiscalía y la PNP actúen en investigaciones complejas. Su derogación ha generado preocupación en sectores políticos y sociales, ya que deja a las autoridades con menos recursos para combatir a organizaciones criminales.
El Congreso aprobó la restitución de la norma con modificaciones que subsanan el problema, pero la falta de acción del Ejecutivo mantiene la situación en suspenso. Para muchos, esta demora representa una amenaza a la seguridad ciudadana, al dificultar el trabajo de las autoridades encargadas de investigar delitos graves.
