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TC ordena a Presidencia responder recomendaciones de la Defensoría del Pueblo

Tribunal Constitucional exigió al Poder Ejecutivo cumplir con las recomendaciones de la Defensoría que garantizan y protegen las libertades de expresión y de prensa en el país.




El Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia en la que ordena a la Presidencia de la República responder y atender las recomendaciones planteadas por la Defensoría del Pueblo. El fallo, publicado el pasado 5 de diciembre en El Peruano, busca garantizar el respeto a las libertades de expresión y prensa, fundamentales en un sistema democrático.

DEMANDA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

La sentencia se origina en el Proceso Competencial (Exp. N˚ 00001-2022-PCC/TC), iniciado por la Defensoría del Pueblo contra el Poder Ejecutivo. Según el TC, la Presidencia había incumplido solicitudes oficiales relacionadas con la protección de los derechos fundamentales de los periodistas y el derecho a la información.

El Tribunal Constitucional declaró fundada en parte la demanda y exhortó al Ejecutivo a implementar las recomendaciones. Entre ellas, la Defensoría solicitó que el Gobierno suscriba la Declaración de Chapultepec, documento que establece principios internacionales para garantizar la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.

MEDIDAS EXIGIDAS PARA PROTEGER LA LIBERTAD DE PRENSA

Además de la firma de la Declaración de Chapultepec, el TC ordenó a la Presidencia tomar las siguientes acciones:

  • Capacitación del personal de seguridad presidencial: Garantizar que el equipo encargado respete y comprenda el trabajo de los periodistas.
  • Facilitar la participación de medios en actos oficiales: El Ejecutivo no deberá obstaculizar el acceso de la prensa a eventos públicos donde participen altos funcionarios.
  • Conceder entrevistas a los medios: Con el fin de asegurar el derecho a la información de la ciudadanía, se recomendó que la Presidencia otorgue entrevistas a diversos medios de comunicación.

Estas disposiciones buscan proteger y fortalecer la transparencia en la gestión pública, así como la relación del Estado con los medios de comunicación, en beneficio del derecho ciudadano a estar informado.


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