El conflicto entre el Congreso y la Junta de Fiscales Supremos ha llegado a un nuevo nivel con la reciente denuncia constitucional presentada por los congresistas José Cueto, Fernando Rospigliosi y Alfredo Azurín.
Los parlamentarios acusan a los fiscales Juan Carlos Villena, Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez y Delia Espinoza de abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica por la publicación de un reglamento que contradice la ley que otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) el control de las investigaciones preliminares.
El 14 de octubre, el Ministerio Público publicó un reglamento en el diario oficial El Peruano, destinado a uniformar la actuación fiscal en coordinación con la PNP, lo que generó la indignación de los congresistas denunciantes.
La norma, aprobada por el Congreso, otorga a la PNP la dirección de las investigaciones preliminares, pero los fiscales supremos consideran que su aplicación debe esperar hasta que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre su constitucionalidad.
La denuncia presentada por Cueto, Rospigliosi y Azurín señala que la publicación del reglamento por parte de los fiscales supremos es una "afrenta" a la ley. Según los congresistas, los fiscales han desobedecido la normativa y buscan mantener el control de las investigaciones a pesar de la decisión del Congreso.
En su defensa, el Ministerio Público asegura que la ley aún está en evaluación por el TC, y que el reglamento es temporal mientras se resuelve la constitucionalidad de la norma.
EL ROL DEL TC
El Ministerio Público ha destacado que la norma que otorga a la PNP las facultades de investigación ha sido demandada ante el Tribunal Constitucional, lo que les ha llevado a emitir un reglamento temporal hasta que se resuelva el litigio.
Los fiscales supremos argumentan que el Ministerio Público, como entidad encargada de la conducción de las investigaciones, no puede ser reemplazado por la PNP, pues consideran que esto traería serias consecuencias en los procesos judiciales.
