En medio de las investigaciones y rumores que circulan sobre la administración de la presidenta Dina Boluarte, su abogado, Juan Carlos Portugal, ha salido al paso para clarificar los hechos respecto a la controversia sobre la desactivación de la DIVIAC (División de Investigación de Alta Complejidad).
Portugal afirmó que Boluarte no tiene la autoridad para intervenir en los procedimientos administrativos de la Policía Nacional del Perú, tal como lo establece el artículo 167 de la Constitución Política del país.
Portugal remarcó que la decisión de desactivar la DIVIAC no vino de la presidenta, sino que fue una acción tomada por el exministro del Interior, Walter Ortiz.
Esta aclaración viene a desmentir las especulaciones y acusaciones que apuntaban directamente a Boluarte como responsable de esta medida. Además, sugirió que el actual ministro Santiváñez podría haber utilizado el nombre de la presidenta sin su consentimiento, complicando aún más el panorama.
EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD
La defensa de la presidenta también abordó la cuestión de la autenticidad de ciertos audios que han circulado, presentando cinco hipótesis sobre posibles manipulaciones. Estas declaraciones buscan reforzar la posición de Boluarte frente a lo que su abogado considera una serie de interpretaciones erróneas o malintencionadas de los hechos.
Portugal enfatizó la importancia de basar cualquier acusación en pruebas concretas y sólidas, señalando que hasta ahora, no se han presentado evidencias irrefutables que respalden las acusaciones contra la mandataria.
Además, destacó la disposición de la presidenta a colaborar con las autoridades judiciales, respondiendo a todas las preguntas formuladas, incluso aquellas que el estatuto procesal penal prohíbe, mostrando un esfuerzo por mantener la transparencia y cooperación con el sistema de justicia.
