En un mensaje dirigido a la Nación un 7 de diciembre del 2022, el entonces presidente, Pedro Castillo (53), anunció la disolución del Congreso de la República y declaró también una reorganización del sistema de administración de justicia y la convocatoria a elecciones para elegir los nuevos miembros del Parlamento.
Luego de este anuncio, diversos integrantes de su gabinete renunciaron y el Legislativo siguió con la sesión en la cual se votó y aprobó la vacancia presidencial de Castillo Terrones por “incapacidad moral permanente”. Posteriormente, el exmandatario fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando se encontraba de camino a la embajada de México y luego, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió el cargo de jefa de Estado.
PRISIÓN PREVENTIVA
Tras estos hechos, Castillo cumple actualmente una orden de 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo por la presunta comisión de los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad.
Dicha prisión preventiva por el golpe de Estado vencerá el 6 de junio del 2024. Sin embargo, tiene una segunda orden de prisión preventiva que se le dictó en marzo de este año y el plazo es de 36 meses y vence el 8 de marzo del 2026.
Este último caso se encuentra fundamentado en la presunta comisión de actos de corrupción durante su Gobierno, por los que se le imputa la comisión de los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias agravado.
Desde su detención, la defensa del expresidente ha presentado diversos recursos para anular todo el proceso en su contra o para que sea investigado en libertad; no obstante, hasta ahora, todos han sido rechazados en doble instancia.
