El Gobierno formó a un grupo de abogados que tendrán como objetivo asesorar a la jefe de Estado, Dina Boluarte, en temas constitucionales que permitan fortalecer y legitimar la democracia y el Estado de derecho, según la resolución publicada este sábado en el boletín de normas legales de El Peruano.
La resolución suprema 079-2023-PCM crea formalmente la “Comisión Consultiva encargada de brindar asesoría especializada en materia constitucional” al despacho de la Presidencia de la República. El documento lleva la firma de la mandataria Dina Boluarte Zegarra; del premier, Alberto Otárola; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate; y la canciller Ana Cecilia Gervasi.
MIEMBROS
La agrupación es integrada por diez abogados: Ernesto Álvarez Miranda, exmiembro del Tribunal Constitucional; Ernesto Blume Fortini, exintegrante del Tribunal Constitucional; Alberto Borea Odría, exdiputado y exsenador en el Congreso; Jorge Luis Cáceres Arce, exregidor provincial de Arequipa por el Partido Aprista; Víctor García Toma, exintegrante del TC y exministro de Justicia del gobierno de Alan García; Carlos Hakansson Nieto, exconsultor de la Comisión de Constitución del Congreso; Aníbal Quiroga León, exconsultor de la Comisión de Constitución del Congreso; José Luis Sardón, exintegrante del Tribunal Constitucional; Óscar Urviola Hani, exintegrante del TC y Elizabeth Zea Marquina, excandidata al Congreso por Perú Patria Segura.
La resolución señala que los letrados asumen sus cargos ad honorem y su designación es un cargo de confianza.
FUNCIONES
Según detalla la disposición, la comisión consultiva tiene como fin "brindar a la Presidencia, en coordinación con la PCM y el Minjus, la asesoría especializada en materia constitucional que sea requerida para contribuir con el fortalecimiento y legitimidad del régimen democrático y el Estado constitucional de derecho en el país".
Para ello, está compuesta de "juristas de reconocida trayectoria profesional, académica, ética, prestigio e independencia, identificada con los principios y valores que inspiran nuestra Constitución histórica".
Además, establece que la comisión consultiva puede proponer la integración "de otros especialistas en materia constitucional" y que sus miembros participen "en actividades afines a su función" dentro del Ejecutivo.
Asimismo, indica que pueden recibir el "apoyo" de instituciones públicas o privadas afines a su función y que en caso sus miembros deban realizar "misiones internacionales", sus viajes "se tramitan de acuerdo a la normatividad vigente".
De igual manera, señala que deben instalarse en 10 días después de publicada la resolución suprema de su creación y proponer un reglamento estableciendo la elección de un presidente y los miembros de la coordinación.
La comisión consultiva tendrá un periodo de vigencia de hasta doce meses, "contado a partir del día siguiente de la publicación" de la resolución suprema.
