La Contraloría General de la República advirtió una ‘situación irregular’ en el proceso de designación de la procuradora general del Estado, María Caruajulca Quispe, quien fue nombrada en el cargo por el presidente Pedro Castillo, en reemplazo de Daniel Soria.
Según el informe, durante el proceso de designación, ni el Ministerio de Justicia ni la Procuraduría General del Estado cumplieron con requerir a Caruajulca Quispe la declaración jurada cuando era candidata a ser titular de la Procuraduría y que tenía una denuncia por presunta falta en sus funciones.
“No se solicitó la declaración jurada de no haber cometido faltas a la idoneidad en la defensa jurídica del Estado, no obstante que se encontraba comprendida en hechos denunciados que la involucraban y que vienen siendo evaluados por órganos que son dependientes de su despacho”, señala el documento.
