El juez superior Ramiro Salinas Siccha, integrante del equipo del caso Lava Jato, dijo que existe "desequilibrio legislativo" en la aplicación de penas para delitos de corrupción de funcionarios, respecto con las establecidas por casos de menor gravedad.
Y es que así lo consideró al observar una desproporcionalidad en los castigos impuestos. Por ejemplo: el robo de un reloj podría llegar a los 20 años de cárcel, mientras que los delitos de peculado solo alcanzan los 15 años de prisión.
“Las penas por diversos delitos son incrementadas y decretadas hasta cadena perpetua, pero en los casos de corrupción, no. Es decir, un gobernante, por ejemplo, puede robar patrimonio del Estado y, a lo más, recibe 15 años de cárcel”, refirió.
Salinas, quien es magistrado de la Corte Superior Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios, indicó que ese órgano jurisdiccional asegura imparcialidad en la tramitación de los casos que tiene a cargo.
Finalmente, rechazó que exista algún tipo de “politización” en el tratamiento de estos procesos, lo cual puede corroborarse en las audiencias televisadas de los mismos, o en las audiencias públicas, abiertas en especial a la prensa.
