Terminando el mes de mayo, la Contraloría General de la República informó en Moquegua sobre una auditoría de cumplimiento que habría revelado cuatro presuntas irregularidades de implicancia penal, en las que habrían incurrido durante la construcción del Hospital Regional de Moquegua las autoridades, cuando el actual primer mandatario, Martín Vizcarra, se desempeñaba como gobernador, entre los años 2011 y 2014. Esto lo dio a conocer una nota publicada en el diario Expreso.
El informe de Auditoría N° 1297-2018-CG/MPROY-AC, cuyas conclusiones pondrían al descubierto que una serie de funcionarios del Gobierno Regional de Moquegua habrían tramitado y pagado un adelanto de S/ 24’691,318.16 en tiempo récord. Esto habría permitido la ejecución de la obra que aún no contaba con la aprobación del expediente técnico que se concretó recién un año después, según refiere el citado medio periodístico.
Por si fuera poco, la auditoría habría señalado que trabajadores del Gobierno Regional de Moquegua aprobaron el expediente técnico pese a que se encontraba incompleto y habría tenido observaciones de especialistas supervisores.
El cuestionado adelanto sería irregular, pues tal como lo indica el contrato suscrito el 18 de diciembre de 2013 entre la región y el Consorcio Hospitalario Moquegua, que lo integran las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A - ICCGSA e INCOT S.A.C Contratistas Generales, por un monto de S/123’456,590.70, señala que el pago adelantado debe realizarse con el expediente técnico del proyecto aprobado y visado por el respectivo ministerio, en este caso el de Salud.
El asunto no quedaría ahí, sino que también habría ido en contra de la directiva de Economía y Finanzas N° 001-2007-EF/77.15, que estaba vigente en ese entonces y que indicaba que el pago a proveedores debía no hacerse con cheques sino a través de un “abono directo a sus cuentas bancarias”.
Lo que habría ocurrido finalmente, es que el mismo 27 de diciembre, el Consorcio Hospitalario de Moquegua pidió al Gobierno Regional que se devuelva su factura N°001-000001 y remitió la Factura N° 001-000002, por el mismo monto para los trámites respectivos”. La Contraloría sostiene que los funcionarios involucrados hicieron el proceso no contando con la documentación original. Aún quedaría mucho por explicar.
