El diario Expreso publicó información relacionada a las acciones que llevaron a que el Gasoducto Sur Peruano, obra emblemática del gobierno de Ollanta Humala, pasara de costar 1,330 millones de dólares a 7,328 millones de dólares.
Desde Ollanta Humala y Nadine Heredia, pasando por los ministros de Energía y Minas, Jorge Tafur y Eleodoro Mayorga y el mismísimo expresidente, Pedro Pablo Kuczynski y varios otros funcionarios gubernamentales, muchos fueron los que se beneficiaron de este sobrecosto que perjudicó considerablemente al Estado peruano.
La información publicada por el diario se basa en el informe elaborado por la Comisión Lava Jato del Congreso de la República y contiene detalles de cómo a lo largo del tiempo se configuró todo para favorecer a Odebrecht.
El proyecto, inicialmente en manos de Kuntur Transportadora de Gas S. A. C., estaba previsto de ser ejecutado en un plazo de 3 años y 8 meses por un costo total de 1,330,112,124.15 millones de dólares. Sin embargo, con el tiempo, dos consultoras estimarían incrementos en su precio.
En manos de Proinversión, la consultora COSANAC estimó un primer incremento del costo de inversión para el transporte de gas y líquidos que llegaba a los 2,869 millones de dólares.
El siguiente incremento, llegó a través de otra consultora, Wood Mackenzie, contratada por Proinversión y que a través del informe técnico del 6 de mayo del 2014 estimó el costo del proyecto en 3,643 millones de dólares.
Luego, la misma Wood Mackenzie, a través de un “informe financiero”, estimó el costo del proyecto a 4,190 millones de dólares utilizando el concepto de “programa referencial de inversiones y reinversiones”.
Luego, el informe de Expreso detalla que, al momento de licitar la obra, esta dejo de ser “autosostenible” como se planteó en un primer momento y se aplicó el esquema de costo de servicio en donde se cargó el costo operativo.
Los cambios propiciados por las autoridades peruanas permitieron que Odebrecht pudiera “elevar el monto de las tarifas, que ya no las calculó sobre la base del costo de inversión, sino del costo de servicio, y se incrementó el valor en 49 %, pasando así de US$ 4,910 millones a US$ 7,328 millones, que fue el costo de servicio de la oferta económica del Gasoducto Sur Peruano”, así está detallado en la página 1144 del informe final de la Comisión Lava Jato del Congreso.
El informe detalle que esta vorágine de incrementos en los costos se hizo con el consentimiento del gobierno nacionalista y el conocimiento de los ministros Mayorga y Tafur.
Con estos indicios o realidades la comisión congresal llegó a la conclusión de que todo este esquema aplicado en el gasoducto del sur, que no difiere sustancialmente de otros proyectos de la constructora Odebrecht, no lo hace una empresa sino “una organización delictiva con fachada empresarial” dedicada a corromper las instituciones y funcionarios del Estado peruano.
Una praxis que “no puede ser gratuita” y cuyos pagos no se han limitado “a los ‘aportes’ de campaña que son más bien coimas generales [sino] que van acompañadas de pagos específicos por proyecto como en otros casos conocidos (tren eléctrico, IIRSAs, etc.)”.
El informa también da cuenta de la acciones de First Cpaital, empresa vinculada al expresidente Pedro Pablo Kuczynski y cómo esta realizó consultorías a favor de Odebrecht relacionadas a la estructura de negocios de Petroperú lo que facilitó a la empresa brasilera cumplir sus propósitos y sacar ventaja del Estado peruano.
Según información bancaria a la que tuvo acceso la comisión investigadora, se probó “que durante el periodo 26/11/04 al 30/7/17, First Capital recibió del Grupo Odebrecht aproximadamente un monto ascendente a US$ 4’945,653″, esto al margen de lo que recibió de la Concesionaria Trasvase Olmos y de la Interoceánica Sur Tramo 2.
Cabe resaltar, que en el informe también se detalle el nivel de participación de las empresas peruanas, las llamadas consorciadas, entre las que se encuentra Graña y Montero que contaba con una participación del 20%
