La destituida expresidenta Dina Boluarte presentó un recurso de amparo ante el Poder Judicial con el objetivo de anular la resolución del Congreso que declaró su vacancia por “incapacidad moral permanente” el pasado 10 de octubre de 2025. La exmandataria sostiene que el Parlamento violó su derecho a la defensa y al honor, al no otorgarle un plazo razonable para responder a la moción presentada en su contra.
RECURSO SE AMPARA EN FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El documento, ingresado el 21 de noviembre, pide que se deje sin efecto la Resolución del Congreso Nº 001-2025-2026-CR, que formalizó su destitución, y que se retrotraiga el proceso hasta antes del oficio que dio inicio a la moción de vacancia. En su argumentación, Boluarte invoca la reciente resolución del Tribunal Constitucional (TC) sobre el caso Pedro Castillo, la cual estableció que una vacancia presidencial por incapacidad moral requiere un procedimiento que respete el debido proceso parlamentario.
“El Congreso no garantizó el derecho al debido proceso ni el derecho al honor y buena reputación de la demandante”, se lee en el escrito. Asimismo, su defensa legal sostiene que el Parlamento incurrió en una “vulneración de principios constitucionales” al aprobar la vacancia sin permitir una respuesta oportuna a los cargos formulados.
ABOGADO CONFIRMA ACCIÓN JUDICIAL Y CUESTIONA AL CONGRESO
El abogado Joseph Campos, representante legal de Boluarte, confirmó a El Comercio la presentación del recurso. Según explicó, la exmandataria no busca ser restituida en el cargo, sino revertir los efectos legales y morales de la declaración de “incapacidad moral permanente”. “El procedimiento vulneró garantías esenciales del Estado de derecho. No se puede calificar a una persona de incapaz moral sin que haya tenido la oportunidad de defenderse”, señaló.
La acción de amparo fue presentada pocos días después de que el TC publicara su sentencia sobre el caso de Pedro Castillo, fallo que podría marcar precedente jurídico para situaciones similares. El caso ahora queda en manos del Poder Judicial, que deberá decidir si admite a trámite el pedido de Boluarte y evalúa la legalidad del procedimiento parlamentario que terminó con su destitución.
