Poder Judicial

Ayer, 06:25 PM

PJ rechaza pedido de Pedro Castillo para separar investigaciones por organización criminal

El expresidente Castillo seguirá afrontando una investigación conjunta relacionado con los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.




El Poder Judicial declaró infundado el pedido del expresidente Pedro Castillo para desacumular las investigaciones que enfrenta en la Fiscalía Suprema por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda, todos vinculados a presunta organización criminal.

La resolución estuvo a cargo del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien rechazó la solicitud presentada por la defensa del exmandatario el pasado 11 de abril. Castillo buscaba que estos tres procesos se tramiten de manera independiente y no dentro de una sola carpeta fiscal a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.

La defensa legal del exjefe de Estado argumentó que los hechos investigados no guardan relación entre sí en tiempo, espacio ni personas, por lo que debían tramitarse de manera autónoma. Además, alegó que la acumulación ha impedido que se investiguen de forma adecuada los tres casos y sostuvo que, con la nueva norma penal, estas conductas ya no configurarían una organización criminal.

INVESTIGACIÓN CONTINUARÁ EN LA CORTE SUPREMA

Sin embargo, el juez Checkley consideró que no se cumplen los requisitos del artículo 51 del Código Procesal Penal para autorizar la desacumulación. Precisó que la carpeta fiscal corresponde a una investigación por presunta organización criminal y otros delitos que cuentan con un plazo máximo de 36 meses prorrogables, lo que garantiza tiempo suficiente para las diligencias.

El magistrado además recordó que, al involucrar a altos funcionarios como Pedro Castillo y los exministros Juan Francisco Silva y Geiner Alvarado, el proceso es de competencia exclusiva de la Corte Suprema, por lo que no resulta viable derivar los casos a fiscalías o juzgados superiores. Actualmente, el exmandatario afronta prisión preventiva de 36 meses mientras continúa la investigación preparatoria por los delitos de organización criminal y corrupción en agravio del Estado.


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