El exmandatario continuará en el penal de Barbadillo, donde cumple prisión preventiva de 18 meses prorrogados por un periodo similar, mientras afronta investigaciones por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. La resolución, emitida el 26 de agosto, sostiene que existe peligro de fuga y riesgo de obstaculización del proceso penal.
ARGUMENTOS DE LA DEFENSA Y DECISIÓN JUDICIAL
La defensa legal de Pedro Castillo alegó que no existían elementos suficientes para mantener la medida, citando el caso del exministro Roberto Sánchez, excluido del proceso, y la suspensión de investigaciones a Dina Boluarte por decisión del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el juez Checkley enfatizó que dichas resoluciones no invalidan los fundamentos que sustentan la medida contra el exjefe de Estado.
El magistrado recordó que Castillo fue detenido cuando intentaba dirigirse a la embajada de México tras anunciar la disolución del Congreso, hecho que refuerza el peligro de fuga. “No existe otra medida menos gravosa que asegure la presencia del investigado en el proceso”, señala la resolución judicial.
MÁS PROCESOS ABIERTOS
El juez también aclaró que la prisión preventiva fue dictada luego de que el Congreso levantara el antejuicio político, cumpliendo así los requisitos constitucionales. En paralelo, Castillo enfrenta otra orden de prisión preventiva dentro de la investigación por presunta organización criminal vinculada a los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.
Con esta decisión, el Poder Judicial ratifica que el expresidente deberá permanecer recluido mientras avanzan los procesos que lo investigan por delitos que comprometen la seguridad del Estado y la gobernabilidad del país.
