El juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo Terrones continúa desarrollándose en la Corte Suprema, donde se le acusa de haber cometido el delito de rebelión por el fallido intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022. Durante la audiencia, Castillo reiteró que el Ministerio Público no ha presentado pruebas sólidas que respalden las acusaciones en su contra y sostuvo que su caso obedece más a una motivación política que a una infracción penal.
En una nueva sesión de la Sala Penal Especial, el exmandatario volvió a rechazar los cargos que se le imputan y señaló que, a pesar de que el juicio está próximo a llegar a su quincuagésima audiencia, la Fiscalía de la Nación no ha demostrado su supuesta implicancia en un alzamiento armado. “No hay armas, no hay un levantamiento armado, no existe una participación directa de mi parte”, afirmó ante el tribunal.
Castillo cuestiona solidez de acusación fiscal
Castillo insistió en que el proceso judicial en su contra carece de fundamentos jurídicos y apuntó que se trata de una represalia política. A su juicio, las autoridades no han logrado sustentar con evidencias concretas que lo vinculen con una acción violenta o coordinada para alterar el orden constitucional. La Fiscalía, sin embargo, mantiene su acusación por el mensaje televisado en el que el exmandatario anunció la disolución del Congreso de la República y la reorganización de diversas instituciones del Estado.
Junto a Pedro Castillo también son procesados sus exministros Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta, así como tres exoficiales de la Policía Nacional del Perú, todos ellos señalados como coautores del presunto delito de rebelión. La acusación fiscal contempla penas de hasta 34 años de prisión para el expresidente y una reparación civil superior a los 65 millones de soles en favor del Estado.
