Un hecho sin precedentes se ha registrado en el sistema judicial peruano: por primera vez, un menor de 16 años cumplirá prisión preventiva de siete meses en aplicación de la reciente Ley N.º 32330, norma que permite que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos. Esta medida fue ordenada por la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en el marco de una investigación por el presunto delito de extorsión.
La detención del menor ocurrió el pasado 14 de mayo en la región La Libertad, luego de que una víctima denunciara haber encontrado un artefacto explosivo en la entrada de su vivienda. Tras una operación conjunta entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, se identificó al adolescente como el presunto responsable de colocar el explosivo. A raíz de ello, el Poder Judicial decidió imponerle prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
Polémica por encarcelamiento de menores: posiciones encontradas
El joven ha sido trasladado al penal de Trujillo, donde, según información oficial, permanecerá en un espacio separado de los internos adultos. No obstante, se reconoce que existe la posibilidad de algún contacto durante ciertos horarios compartidos. Esta situación ha encendido el debate público, especialmente entre sectores que critican la criminalización de adolescentes, como la Defensoría del Pueblo y UNICEF Perú, que advierten sobre el impacto negativo de estas decisiones y recuerdan que la privación de libertad debe ser siempre el último recurso, según la Convención sobre los Derechos del Niño.
De acuerdo con UNICEF, los adolescentes representan apenas el 1.9% de los delitos denunciados ante el Ministerio Público. Además, subrayan que muchos jóvenes involucrados en actividades delictivas provienen de entornos marcados por el abandono, la pobreza, el consumo de drogas y la falta de acceso a la educación. Ante ello, diversas voces instan al Estado a redirigir sus esfuerzos hacia la prevención y rehabilitación, en lugar de endurecer las penas, especialmente cuando se analiza la posibilidad de extender esta ley a menores de hasta 14 años.
