El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente la demanda interpuesta por el expresidente Pedro Castillo, presentada por su abogado, Gregorio Parco, que buscaba revertir su reclusión tras el fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022.
El abogado cuestionó a la Fiscalía por programar varias diligencias tras la detención del exmandatario. Estas se habrían realizado en un plazo de 48 horas sin ningún medio de investigación, lo que limitó su defensa para oponerse a un procedimiento preliminar.
ALERTA SOCIAL FUERTE
Al respecto, el TC detalla que la comisión de un delito flagrante, con características como las que se vieron aquel 7 de diciembre, generando una alerta social fuerte, se ajustó el plazo a 48 horas, tal como se establece en la Constitución Política del Perú.
Por este caso, la Fiscalía pide 34 años de prisión para el exdignatario, así como su inhabilitación por 3 años y 6 meses para ejercer cargo público. Se le acusa de Abuso de autoridad, grave perturbación a la tranquilidad pública y delitos de rebelión.
