El Poder Judicial aprobó este jueves 28 de noviembre el acuerdo de colaboración eficaz corporativo entre la constructora Obrainsa, el Equipo Especial Lava Jato y la Procuraduría Pública Ad Hoc.
Este acuerdo marca un hito en el megaescándalo de corrupción que sacudió al país, consolidando nuevas herramientas para el cobro de reparaciones civiles y el fortalecimiento de los procesos judiciales en curso.
RECONOCIMIENTO DE CULPABILIDAD
El juez Ubaldo Callo Deza, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, homologó el pasado 15 de noviembre el convenio mediante el cual Obrainsa y dos de sus ejecutivos reconocieron su participación en actos de corrupción en 11 proyectos de infraestructura pública. Como integrante del conocido 'Club de la Construcción', la empresa admitió haber manipulado concursos y licitaciones para aparentar competencia.
En respuesta a este reconocimiento, la constructora se comprometió a proporcionar información clave para avanzar en los procesos penales relacionados con el caso Lava Jato, que involucra a figuras políticas como los expresidentes Martín Vizcarra y Ollanta Humala.
REPARACIÓN CIVIL Y RESTRICCIONES LEGALES
El acuerdo estipula que Obrainsa deberá pagar al Estado peruano una reparación civil de más de S/81.8 millones en un plazo de 12 años, más intereses legales en una cuota adicional. Para garantizar el cumplimiento, se creará un fideicomiso administrado por Cofide o el Banco de la Nación.
Además, el convenio prohíbe a la constructora iniciar acciones legales contra el Estado peruano, tanto en sedes nacionales como internacionales, relacionadas con los proyectos incluidos en el acuerdo. Según la procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión, este es el cuarto acuerdo de colaboración eficaz aprobado con una empresa involucrada en el escándalo, permitiendo al Estado cobrar reparaciones civiles de manera adelantada.
