El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, ha intensificado su defensa legal solicitando al Poder Judicial el cierre definitivo de la investigación que lleva la Fiscalía Anticorrupción en su contra.
El caso, conocido como ‘Rolex’, lo vincula con el presunto delito de cohecho activo genérico tras la entrega de relojes y joyas a la presidenta Dina Boluarte, situación que coincide con el incremento presupuestal para la región.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha concedido la apelación de la defensa de Oscorima, quien argumenta defectos en la resolución judicial anterior, señalando vulneraciones al debido proceso y a la legalidad procesal penal.
Los argumentos detrás del caso ‘Rolex’
La defensa de Oscorima apeló la resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley, emitida el 8 de julio, en la que se declaró improcedente el recurso de tutela de derechos presentado por el gobernador. Según la Fiscalía de la Nación, los hechos atribuidos a Oscorima deben ser investigados por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
El caso implica también a Dina Boluarte, quien, por su condición de funcionaria aforada, enfrenta una acusación constitucional en el Congreso tras concluir la investigación preliminar en su contra. Oscorima argumenta que desacumular los hechos y distribuirlos a distintas instancias fiscales afecta el principio de unidad de la investigación y lo deja en indefensión.
Próximas audiencias y contexto político
La Sala Penal confirmó que programará en los próximos días una audiencia virtual para evaluar el recurso de Oscorima. Mientras tanto, el Ministerio Público continúa investigando la relación entre los presuntos regalos entregados a la presidenta y los beneficios presupuestales asignados a la región Ayacucho desde su llegada al poder.
El juez Checkley reiteró en su resolución que los argumentos presentados por la defensa no configuran una vulneración que justifique la tutela de derechos, subrayando que el proceso sigue las disposiciones del Código Procesal Penal. Sin embargo, el caso sigue generando tensiones políticas debido a las implicaciones tanto para la presidenta como para el gobernador regional.
