El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria rechazó el pedido del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y su chofer, José Bernaola, para archivar el proceso penal en su contra por el presunto delito de crimen organizado.
La defensa del exmandatario argumentó que la Ley 32108, que modifica la Ley contra el Crimen Organizado, el Código Penal y el Código Procesal Penal, debería aplicarse en su caso. Sin embargo, el juzgado declaró infundados los pedidos, permitiendo que la investigación por el caso Wesfield Capital siga su curso.
VINCULACIÓN CON EL CASO ODEBRECHT
El caso Wesfield Capital se encuentra vinculado a la investigación más amplia sobre la red de corrupción de Odebrecht en Perú. En junio pasado, el Poder Judicial incluyó a las empresas Westfield Capital y First Capital, relacionadas con Kuczynski, en la investigación preparatoria por presunto lavado de activos.
Según la tesis fiscal, estas empresas habrían recibido pagos por asesorías financieras para la constructora brasileña, relacionadas con los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur y el proyecto de Trasvase Olmos.
Entre 2004 y 2007, Westfield Capital recibió US$ 64,637 de Odebrecht a través de la concesionaria Trasvase Olmos. Por su parte, First Capital habría recibido US$ 1′132,287 entre 2006 y 2007 por el mismo concepto.
La Fiscalía sostiene que Kuczynski, en su rol de Ministro de Economía y Finanzas, tuvo un papel clave en la materialización del acuerdo corrupto entre Jorge Simoes Barata, representante de Odebrecht en Perú, y el expresidente Alejandro Toledo.
RESTRICCIONES Y COMPARECENCIA
PPK afronta estas investigaciones en libertad, pero bajo restricciones. El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria modificó su arresto domiciliario a comparecencia con restricciones, medida que le impide salir del país. Además, el exmandatario tiene dos mandatos de comparecencia y impedimentos de salida del país por 12 y 30 meses, respectivamente, en el marco de las investigaciones que involucran no solo la Carretera Interoceánica Sur, sino también el financiamiento de su campaña presidencial en 2016.
La defensa de Kuczynski insiste en que su cliente no tuvo participación directa en las irregularidades relacionadas con Odebrecht y que las asesorías financieras prestadas por sus empresas fueron legales. No obstante, el reciente fallo del Poder Judicial complica su situación, dejando abierta la posibilidad de nuevas acciones legales en su contra.
