¡La destrucción de las instituciones del Estado cortesía del presidente Pedro Castillo! El cambio de la polémica de la María Caruajulca Quispe como procuradora general del Estado por un abogado llamado Javier León Mancisidor evidencia la crisis que existe tras los cuestionamientos de las últimas designaciones en el actual Gobierno.
Para el Colegio de Abogados de Lima, el actual Procurador General del Estado nombrado el último jueves denigraba la profesión. En el año 2011 Javier León Mancisidor con 34 años de edad, se metió en la candela al ayudar al narcotraficante Fernando Zevallos, en donde falsificó poderes y firmas de una empresa.
El actual procurador general del Estado fue denunciado por varios delitos en esa época, se salvó de la condena judicial, pero no de la sanción del Colegio de Abogados de Lima que sentenció el otorgamiento de poderes y la calificó de ejercer de forma indebida cometiendo hechos delictivos.
Es por ello que, no pudo ejercer el derecho hasta el 22 de septiembre de 2021. Su sanción fue enviada a la Corte Superior de Lima y al Ministerio de Justicia, sin embargo, pese a estos graves cuestionamientos, se le asignó como procurador general del Estado.