La implementación de la Casa Perú para los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2026 ha desatado una fuerte polémica debido al millonario gasto realizado y a la pobre calidad de los servicios entregados. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) adjudicó de manera directa un contrato de 3.5 millones de soles —más de un millón de dólares— para decorar y abastecer este espacio, lo que encendió las alertas de la Contraloría y puso bajo la lupa el uso de los recursos públicos destinados a un evento que reunirá a diecisiete delegaciones internacionales.
El contrato, otorgado sin concurso bajo la modalidad de desabastecimiento, recayó en la empresa C.T. Eventos, cuyo propietario, Carlos Toullier Mendoza, reside en Bellavista, Callao. Según la investigación de Panorama, esta compañía solo registra trabajos menores con gobiernos locales, principalmente alquiler de equipos de sonido y luces para eventos básicos, sin experiencia en proyectos de gran envergadura. Además, la dirección fiscal de la empresa coincide con la vivienda del empresario, quien no respondió las múltiples llamadas telefónicas.
El recorrido por la Casa Perú mostró una realidad muy distinta a la descrita en el expediente técnico. Lo que debía ser un espacio moderno y de confort para los deportistas en la Videna terminó siendo un ambiente improvisado con césped sintético, sillas plásticas, puffs blancos y una zona de juegos limitada a pelotas arrumadas y mesas de melamina. También se registraron cables expuestos, mobiliario simple y una congeladora de helados vacía, elementos que distan mucho del nivel de sofisticación prometido para la prensa y las delegaciones extranjeras.
TAIT PIDE TRANSPARENCIA
Los cuestionamientos se intensificaron al revisar la propuesta gastronómica incluida en el contrato, donde se prometían bocaditos gourmet, queso, frutos rojos y bebidas variadas. En la práctica, el servicio ofrecido fue austero y lejos de lo detallado en los documentos oficiales. La medallista Cecilia Tait expresó su indignación y pidió a los presidentes de federaciones exigir transparencia. La brecha entre lo prometido y lo entregado deja en evidencia una ejecución cuestionable y la urgencia de fortalecer la supervisión sobre los recursos destinados al deporte.
