Trujillo dejó de dormir tranquila. En 2025, la ciudad que durante años fue asociada al comercio, la vida nocturna y la brisa marina pasó a convivir con un nuevo sonido: el estruendo de explosivos y disparos que rompen la calma de la madrugada. La violencia ya no es esporádica ni aislada; se ha convertido en un patrón que mantiene en alerta permanente a vecinos y autoridades.
A lo largo del año, una serie de atentados con dinamita y ataques armados evidenciaron la capacidad operativa de organizaciones criminales, muchas de ellas vinculadas a extorsión, minería ilegal y sicariato. Esta es la cronología de los hechos más graves.
Enero: ataque directo al sistema de justicia
El 20 de enero de 2025 marcó un punto de quiebre. Una explosión de alta potencia se registró frente a la sede principal del Ministerio Público en Trujillo. El atentado causó graves daños estructurales al edificio fiscal y afectó también instalaciones de la Universidad Nacional de Trujillo.
Para las autoridades, se trató de un ataque directo contra el sistema de justicia. Las investigaciones preliminares señalaron como presunta responsable a la banda criminal “Los Compadres”, cuyo objetivo habría sido intimidar a fiscales que investigaban casos de extorsión y crimen organizado.
Las pesquisas revelaron además que buena parte de los explosivos usados en Trujillo tendrían su origen en la minería informal e ilegal de Pataz, lo que abrió una nueva línea de investigación sobre el abastecimiento de dinamita.
Agosto: explosión en la avenida Perú deja heridos y apagón
El 14 de agosto, un atentado en plena avenida Perú, una de las zonas más transitadas y residenciales de la ciudad, dejó cinco personas heridas. La detonación afectó cables de alta tensión y provocó un apagón que dejó sin energía eléctrica a amplios sectores de Trujillo Metropolitano durante varias horas.
Bomberos y personal de emergencia atendieron a los heridos y evacuaron viviendas cercanas ante el riesgo de colapso. Las autoridades atribuyeron el ataque a redes de extorsión, entre ellas la organización criminal conocida como “Los Pepes”.
Septiembre: violencia se traslada a zonas residenciales
La escalada continuó el 4 de septiembre, cuando un nuevo atentado con explosivos dejó un saldo de nueve personas heridas, 30 viviendas dañadas y dos inmuebles declarados inhabitables por los severos daños estructurales.
Este ataque permitió identificar una modalidad distinta. La Policía Nacional informó que algunas viviendas ubicadas en urbanizaciones exclusivas, como Los Altos de Valle Sol, habrían sido utilizadas como puntos logísticos de organizaciones criminales.
Las investigaciones derivaron en capturas de presuntos integrantes de mafias vinculadas al tráfico de terrenos y concesiones mineras ilegales, evidenciando estructuras criminales con alto poder económico y capacidad de planificación.
Diciembre: Navidad manchada de sangre
La violencia alcanzó su punto más simbólico y trágico el 18 de diciembre, cuando una chocolatada navideña organizada para niños en el centro poblado de Sausal, distrito de Chicama (provincia de Ascope), terminó en una balacera.
El ataque armado dejó como saldo la muerte de la regidora Elena Rojas y al menos siete personas heridas, en su mayoría menores de edad. Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y testimonios de vecinos, los sicarios llegaron en una motocicleta y abrieron fuego sin previo aviso, desatando pánico entre familias y niños.
Las primeras diligencias policiales indican que la regidora habría sido el objetivo principal del atentado.
Una ciudad en alerta permanente
Con explosivos usados como método de intimidación y ataques armados en espacios públicos, Trujillo se ha convertido en el principal escenario de una violencia criminal que ya no distingue horarios ni víctimas. Las autoridades han empezado a calificar el fenómeno como terrorismo urbano, mientras la población exige respuestas urgentes y medidas efectivas para frenar una espiral que marcó al 2025 como uno de los años más violentos en la historia reciente de la ciudad.
