Las constantes aprobaciones de retiros extraordinarios de los fondos de las AFP han generado que más trabajadores pongan la lupa sobre el manejo de sus cuentas previsionales. Esta mayor fiscalización ciudadana no solo busca asegurar la transparencia en sus aportes, sino también verificar que los empleadores cumplan con sus obligaciones legales en materia previsional.
Riesgos legales y económicos para las compañías
De acuerdo con especialistas, las empresas que incumplen con el registro oportuno de sus trabajadores, la transferencia de los aportes descontados o la correcta baja en planilla pueden enfrentar serias consecuencias. Entre ellas, deudas acumuladas con intereses, demandas judiciales y sanciones económicas impuestas por la SUNAFIL que alcanzan hasta las 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), dependiendo de la gravedad y del número de empleados afectados.
El impacto de estas infracciones no se limita a multas inmediatas. La omisión en los aportes puede ser reclamada incluso después de terminada la relación laboral, ya sea en procesos judiciales iniciados por los trabajadores, en liquidaciones de beneficios sociales o directamente por las AFP, lo que convierte al incumplimiento en un riesgo financiero de largo alcance para las compañías.
En un escenario donde más de ocho millones de peruanos forman parte del sistema privado de pensiones, la presión sobre las empresas para cumplir de forma rigurosa se ha intensificado. No solo está en juego la estabilidad futura de los trabajadores, sino también la reputación y sostenibilidad de las organizaciones frente a eventuales contingencias legales y económicas.
