El Gobierno de Dina Boluarte promulgó el Decreto de Urgencia Nº 006-2025 para combatir la inseguridad y el crimen organizado vinculado a la minería ilegal en el distrito de Pataz, en La Libertad.
La norma, vigente desde su publicación, habilita la fiscalización integral del transporte de insumos químicos, explosivos y maquinarias usados en esta actividad ilícita, así como la trazabilidad del oro extraído. Se implementarán rutas fiscales obligatorias, puntos de control y sanciones como la revocación automática del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) para infractores.
Revocación automática de registros mineros irregulares
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) revocará de forma automática el REINFO a quienes declaren volúmenes de producción inconsistentes con sus instrumentos de gestión ambiental (IGAC o IGAFOM) o reporten extracción en zonas no autorizadas.
La medida aplicará tras verificar incongruencias en informes de la Policía, SUNAT, el Ministerio Público u otras entidades. Los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba son los primeros afectados, donde decenas de operaciones están bajo escrutinio.
Sistema para rastrear el oro ilegal
El MINEM tiene 90 días para implementar un sistema de trazabilidad del oro en Pataz, que seguirá el mineral desde su extracción hasta la venta final. Comercializadores y procesadores deben inscribirse en el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (RECPO).
Fiscalización conjunta y sanciones inmediatas
El decreto ordena la coordinación entre el MINEM, la Policía, SUNAT y la Superintendencia de Transporte para inspeccionar insumos, maquinarias y productos mineros. Las "rutas fiscales" permitirán interceptar cargamentos sospechosos, mientras los puntos de control frenarán el tráfico en zonas estratégicas. Las sanciones incluyen la inhabilitación permanente del REINFO para infractores reincidentes.
