Más del 70% de las empresas de transporte público formal en Lima y Callao son víctimas de extorsión por parte de bandas criminales, según cifras de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra). Entre septiembre de 2024 y abril de 2025, se han registrado 15 conductores asesinados y al menos 20 heridos, en un contexto de violencia creciente que ha puesto en jaque al sector. Solo en la primera semana de abril, dos choferes perdieron la vida a manos de sicarios: Paul López, de la empresa Aquarius, y Loymer Benigno, de la empresa Etuchisa.
La situación ha generado un profundo temor entre los trabajadores del transporte. Un conductor de la empresa 'El Chino', que prefirió mantenerse en el anonimato, relató que dejó de laborar por miedo a ser asesinado. "Cada día mi familia me despide con lágrimas, rogando que regrese con vida", comentó. Este tipo de testimonios refleja el nivel de inseguridad que atraviesa uno de los sectores clave para la movilidad urbana de la capital peruana.
Extorsiones múltiples y flotas incompletas
La Cámara Internacional de Transporte (CIT) advierte que la dinámica de extorsión se ha complejizado. En lugar de enfrentarse a una sola banda, las empresas pueden ser víctimas de hasta cuatro grupos delictivos simultáneamente, cada uno exigiendo pagos de hasta S/10 por cada frecuencia de vehículo. Con flotas de cientos de unidades, el costo económico es insostenible. Esto ha provocado que muchas empresas reduzcan sus operaciones, y en otros casos, opten por abandonar el sector.
Como ejemplo claro del impacto, el 7 de abril cinco empresas de Lima Norte suspendieron sus servicios en protesta por el asesinato de sus conductores. Ese mismo día, delincuentes dispararon al menos cinco veces contra un autobús de la empresa 'El Rápido', que moviliza a más de 260 mil pasajeros al día. Desde el inicio de esta ola de violencia, la rotación de choferes ha aumentado del 8% al 25%, mientras que al menos el 20% de los concesionarios ha decidido abandonar sus actividades.
Impacto directo en millones de pasajeros
La reducción en el número de autobuses operativos ha afectado gravemente al usuario público. Según la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), existen 483 rutas de transporte formal en Lima y Callao, pero al menos 180 no logran operar con la flota necesaria debido al clima de inseguridad. Esto se traduce en unidades más llenas, tiempos de espera más largos y una movilidad deficiente para millones de ciudadanos.
Durante el paro del 7 de abril, más de 2,5 millones de personas quedaron sin transporte, lo que evidenció la fragilidad del sistema. El día siguiente, una combi de la empresa Emisca SA fue atacada a balazos en plena ruta Callao - Av. Venezuela - Lima, dejando a un pasajero muerto y al conductor herido. La situación ha llegado a un punto crítico y los gremios exigen respuestas urgentes por parte del Gobierno. Héctor Vargas, dirigente de la Coordinadora de Transporte, asegura que se han presentado propuestas desde septiembre de 2024, pero "casi nada se ha hecho" al respecto.
