El Consorcio de Universidades expresó su preocupación por la reciente aprobación del dictamen que establece el “ciclo cero” como único mecanismo de ingreso a las universidades peruanas. Esta medida fue aprobada por la Comisión de Educación del Congreso el 6 de abril de 2025, a pesar del rechazo de diversos sectores académicos. Según el comunicado emitido el 7 de abril, la propuesta representa una afectación directa a la autonomía universitaria, derecho protegido por la Constitución y la Ley Universitaria.
Reforma genera polémica en el sistema de ingreso universitario
El dictamen plantea que todas las universidades públicas y privadas implementen un semestre preparatorio obligatorio, ofrecido a través de sus centros preuniversitarios. Para acceder a la universidad, los postulantes deberán aprobar tres exámenes presenciales con una nota mínima de 13 y abonar un monto equivalente al 5 % de una Unidad Impositiva Tributaria. La propuesta fue impulsada por los congresistas Waldemar Cerrón y Segundo Montalvo, y ha generado una amplia discusión sobre sus implicancias académicas, económicas y legales.
El Consorcio, integrado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad del Pacífico (UP), Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y Universidad de Lima (UL), advirtió que esta medida limita la capacidad de las universidades para definir sus modalidades de ingreso y programas de estudio. Los rectores firmantes del pronunciamiento remarcaron que la autonomía universitaria es fundamental para mantener estándares académicos de calidad y responder a las diversas realidades institucionales. Asimismo, reafirmaron su disposición al diálogo con los poderes del Estado para contribuir con propuestas que fortalezcan el sistema educativo.
Diversas instituciones, como el Consejo Nacional de Educación y la Asociación de Universidades Nacionales del Perú, también han rechazado la iniciativa, calificándola de inapropiada e inconsulta. Según sus representantes, el ciclo cero podría representar una carga operativa y financiera para las universidades, sin garantizar una mejora sustancial en el acceso a la educación superior. La propuesta continuará su trámite legislativo en el pleno del Congreso, donde se espera un debate amplio sobre su viabilidad y efectos.
