El Congreso de la República evalúa un proyecto de ley que busca autorizar la revisión de mochilas en las instituciones educativas del país con el objetivo de prevenir el ingreso de armas y drogas a los planteles. La iniciativa, presentada por la congresista Esmeralda Limachi, propone que los auxiliares de educación sean los encargados de esta fiscalización, lo que ha generado diversas reacciones tanto a favor como en contra.
A través del proyecto de ley n.º 10302/2024-CR, la parlamentaria de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú sostiene que la medida responde a un incremento de casos de estudiantes que han sido encontrados con objetos peligrosos en los colegios. Como sustento, la legisladora citó siete incidentes ocurridos entre 2019 y 2024, entre ellos el trágico caso de un estudiante que disparó y mató a un compañero en un colegio privado de Villa El Salvador.
Limachi explicó que el reglamento de la ley, que deberá ser elaborado por el Ministerio de Educación (Minedu), establecería los procedimientos para determinar los casos de riesgo y definir qué objetos serán considerados peligrosos, como armas blancas, de fuego y sustancias prohibidas.
Posturas encontradas
La iniciativa ha generado un debate sobre los límites entre la seguridad escolar y la protección de los derechos fundamentales de los estudiantes. Desde la Federación Nacional de Auxiliares de Educación del Perú (Fenaep), su secretaria general, Livia Turpo, respaldó la propuesta argumentando que en algunas zonas del Callao estudiantes de secundaria han sido vinculados con bandas criminales y han llevado armas blancas a los colegios. No obstante, planteó la posibilidad de explorar alternativas como el uso de detectores de metales en los ingresos.
Por su parte, el Ministerio de Educación advirtió que la revisión de mochilas solo debería aplicarse en situaciones excepcionales cuando haya indicios claros de riesgo. Asimismo, alertó sobre el impacto que esta medida podría tener en la privacidad de los escolares y en el principio del interés superior del niño, lo que podría generar vulneraciones a sus derechos. Desde el sector se destacó que el Programa Integral de Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar (PREVI) ya viene implementando estrategias en 1.779 colegios con situaciones de riesgo.
El Ministerio de Justicia también expresó su postura y subrayó la importancia de que cualquier normativa respete los tratados internacionales sobre derechos humanos. "Existen experiencias en otros países, como Chile, pero se deben analizar cuidadosamente las normas internacionales que establecen estándares de protección para menores de edad", indicaron desde la institución.
