La extorsión se ha convertido en un grave problema económico y de seguridad para los pequeños negocios y transportistas en Lima. De acuerdo con datos oficiales, las pérdidas generadas por este delito ascienden a montos preocupantes, afectando gravemente a emprendedores y trabajadores del transporte.
Según un informe de Videnza Instituto, el 78% de los negocios con puerta a la calle en Lima Este, Centro y Sur ha sido víctima de algún delito. Entre los más recurrentes, destaca la extorsión o cobro de cupos, con un impacto promedio de S/3.400 mensuales en los últimos dos años. En algunos casos, las sumas exigidas pueden superar los S/7.000 mensuales. En conjunto, la inseguridad representa una pérdida de S/456.000 diarios para los negocios de Lima.
El sector transporte también enfrenta una situación crítica. Según la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), el "falso chalequeo" se ha convertido en una práctica común. Los extorsionadores, disfrazados de "controladores", exigen pagos diarios que suman S/3.500, lo que representa un costo mensual de S/105.000 para las empresas de transporte. Además, las mafias han elevado las tarifas de los pasajes, especialmente en zonas como Huaycán, donde el incremento ha sido del 20%.
Empresarios invierten miles de soles en seguridad
Las medidas de seguridad implementadas por los empresarios incluyen la instalación de cámaras, alarmas, puertas de fierro y la contratación de vigilancia privada. Sin embargo, expertos advierten que estas acciones no abordan el problema estructural. Erika Solís, investigadora del IDEHPUCP, indica que la falta de estrategias integrales y la ineficiencia en la ejecución del presupuesto del Ministerio del Interior limitan la capacidad del Estado para combatir la extorsión de manera efectiva.
Ante esta situación, la CIT ha solicitado al gobierno la creación de un fideicomiso para financiar a la Policía Nacional del Perú y fortalecer la seguridad en el sector transporte. También exigen evitar la promulgación de normas que favorezcan al crimen organizado y mejorar la gestión de los ministerios involucrados en la seguridad ciudadana.
La extorsión sigue en aumento y afecta a miles de peruanos que ven amenazada su fuente de ingresos. Los sectores afectados urgen al Estado a implementar medidas concretas para garantizar su seguridad y estabilidad económica.
